Si los catamarqueños analizaran los actos de gobierno sin pasiones partidarias o intereses particulares, toda una generación de políticos, por el daño que causó, debería ser ajena a las decisiones de la hora actual. Sin embargo, quienes atentaron contra el patrimonio de todos, después de un cuarto de siglo, todavía siguen tallando y condicionado la vida de la gente.
Peronistas y radicales, cada uno en su momento, y ni hablar de la “larga noche” de la dictadura, cometieron deslices que no merecieron sanciones de la sociedad y, menos que menos, de la Justicia.
Nadie, en más de 35 años, pagó con condena el mal desempeño, el perjuicio que pudieron haber causado medidas inadecuadas o que, por distintos vericuetos, terminaran perjudicando al erario y a los ciudadanos comunes.
Pareciera que en esta provincia, aparte de las ventajas que depara ejercer la actividad política, no existen riesgos de ninguna naturaleza por las macanas que, consciente o inconscientemente, se suceden en el tiempo.
Uno de los mejores ejemplos de lo que estamos diciendo tiene que ver con la concesión del Casino provincial, la lindura que nos “regaló” el castillismo y que ha privado a Catamarca de contar con “fortunas” de dinero, conforme lo apuntara, entre otros, el legislador Hugo Argerich.
Canon inexistente
Para una mejor comprensión de los lectores, antes que nada hay que decir que el Casino tiene que ver con la explotación del juego y del lujoso hotel de calle Esquiú, aparte de controlar la administración y funcionamiento del viejo diario La Unión que, hasta 1993, pertenecía al Obispado de Catamarca.
Por la actividad principal, que bien podría estar en manos de empresarios catamarqueños, la concesionaria paga un canon, pero como al mismo tiempo recibe beneficios de la Provincia o la Nación -vía diario La Unión-, termina usufructuando, sin costo alguno, las ventajas de una vergonzosa privatización. Sí, así como lo lee. Sin costo alguno. Esto, al margen de los fabulosos beneficios que otorga el juego propiamente dicho en cualquier punto del planeta.
Haciendo el cálculo de ingresos y egresos, la empresa queda, sin los réditos del juego, con saldo a favor, mientras que para la provincia la ganancia es nula. ¿Qué tal?
¿Alguien puede concebir que un gobierno que tiene la posibilidad de ganar mucho dinero, fomentar el turismo y custodiar una fuente de trabajo genuina haya llegado al límite de materializar semejante canonjía a favor de empresarios que, en nuestro medio, nadie conoce?
Si lo asaltan las dudas en torno a lo expuesto, vaya disipándolas.
Los números no mienten
La privatización del Casino, dispuesta por el gobierno radical en 1993, de ninguna forma fue buena, pero contenía cláusulas de rescisión con las cuales la provincia podía defenderse ante eventuales incumplimientos, más teniendo en cuenta que se trataba de empresarios desconocidos y que, por ende, no contaban con avales de experiencia en materia de juego.
La operación, claramente, se parecía a una deuda política pendiente o algún favor para los amigos que, en aquella época, había pedido a los responsables de la provincia un tal Nosiglia.
Los ingresos, cantantes y sonantes, que se recibían por la timba y el sostenimiento de la fuente de trabajo se vieron amenazados por aquella privatización “noventista” pero, definitivamente, fueron aniquilados con la modificación (2003) del contrato inicial que, a días de dejar la gobernación, dispuso Oscar Castillo, el senador nacional.
Sin que nadie lo supiera, el pago mensual de 50.000 dólares mensuales fue cambiado por 50.000 pesos; el control de Capresca para ejercer el poder de Policía desapareció y los privilegiados dueños del negocio comenzaron a funcionar a pura “declaración jurada”. Las reglas de juego, hasta para pagar los impuestos que cobra la dirección de Rentas, las ponían los exóticos empresarios y no la Provincia.
Por aquel cambio que dispuso Oscar y que refrendó Roberto Schoeder Langhaeuser, en mayo de 2003, Catamarca cobra por todo concepto unos 280.000 pesos, pero como le paga por otra ventanilla publicidad al diario La Unión, por valores muy parecidos a la miserable cifra mensual que recibe por haber entregado a privados un negocio millonario, las cuentas están compensadas. Resultado final: lo que podría ser un ingreso importante para las arcas provinciales es la nada. O menos, quizá.
Un vuelto adicional
Si el negocio del juego es una fuente de ingresos colosal en cualquier parte del país, por la acción de los políticos, en Catamarca es directamente una película de ciencia ficción por la que tendrían que dar cuenta los responsables de algo que, lo repetimos, tiene todas las características de un negociado que la gran prensa no se anima a investigar. ¡Pobre provincia!
Es que también el gobierno nacional, por si no alcanzara con las concesiones castillistas, se encarga de favorecer al Casino local.
La contribución viene por parte de quienes reparten la torta publicitaria en la Capital Federal, los que han dispuesto, sin el más mínimo criterio de ecuanimidad y justicia, que el diario La Unión reciba más dinero mensual que El Ancasti y El Esquiú.com.
De acuerdo a números oficiales, en el último semestre de 2013, el diario de calle San Martín -la otra canaleta de ingresos de los que explotan el juego- recibió la suma de $ 1.348.191,31 contra $ 814.308,80 de El Ancasti y $ 530.400 de El Esquiú.com.
Con consignar que La Unión es el medio gráfico de menor venta de la provincia (su circulación no alcanza ni siquiera a la décima parte de El Ancasti o a un tercio de El Esquiú.com, el líder entre las plataformas digitales) y, paralelamente, el mejor considerado -económicamente hablando- por la Nación, llegamos a la conclusión de que el negociado del juego en Catamarca, frente a la complicidad del conjunto de la clase política, extiende sus tentáculos allende nuestras fronteras.
Coparticipación política
Para el mejor entendimiento, hay que decir que la curiosa historia del diario La Unión tiene como protagonistas excluyentes a dos dirigentes de primera línea (Oscar Castillo y Luis Barrionuevo), a los que se prodigan generosos espacios por sus actividades políticas.
En el caso de Castillo, las acciones son dobles. Fue el que regaló (¡qué otra cosa se puede decir!) las mejores condiciones de funcionamiento al Casino, pero además encabezó el plan de salvataje del diario e impulsó la creación de Radio Unión. Lo hizo con el concurso del propio Casino y las empresas Capdevila y la exEdecat. La primera favorecida con la obra pública y la segunda concesionaria de la energía hasta fines de 2011.
Barrionuevo apareció por el andarivel de los Taselli, uno de los cuales le cedió las acciones que tenía la energética dentro del diario La Unión.
De esta manera, el triángulo La Unión-Castillo-Barrionuevo sigue funcionando a pleno y tiene un gran favorecido: el Casino de Catamarca.
El gobierno de la provincia, que no desconoce los pormenores de esta nota, confió a través de sus voceros que estaba en estudio la rescisión del contrato que habilitó Castillo, pero hasta el momento no ha ocurrido tal cosa.
Queda claro, más allá de los políticos, que está en juego el patrimonio de Catamarca, burlada -una vez más- de la peor forma por quienes siguen presentándose ante la sociedad como si no hubieran cometido ningún pecado en el ejercicio de la función pública. El caso patético es el de Oscar Castillo que, en el supuesto de que esta columna contenga mentiras, debería llevar a El Esquiú.com a los Tribunales.
Los números que puede ofrecer el Casino provincial, como reza el título de esta nota, son de vergüenza. Los propietarios de la empresa foránea, sin embargo, no tienen la culpa. A ellos los atendieron, con “toda deferencia”, dirigentes que habían sido votados para defender los intereses de la provincia y no lo hicieron. Ahora, las decisiones están a cargo de quienes sí pueden lograr las reparaciones que merecen los catamarqueños. Se trata, por cierto, de una gran apuesta.